Diez tesis sobre la construcción de un nuevo Estado para Chile en el siglo XXI

Publicado en por Manuel Luis Rodríguez

 

  • I. Definimos un Estado democrático y social como una construcción institucional y política orientada por el más amplio y pluralista ejercicio de la soberanía popular y por un conjunto de tareas y funciones orientadas a la satisfacción de los derechos y necesidades de las mayorías nacionales. El Estado no es solamente una arquitectura institucional de poder político, sino que es el resultado de un nuevo contrato social y político, en que las mayorías ciudadanas -a partir del ejercicio de su poder soberano y constituyente- intervienen en las instituciones representativas y participan en distintas esferas de decisión administrativas y políticas.
  • II. La soberanía reside en la nación. Es la nación, como cuerpo político y como entidad histórica y cultural, la fuente primigenia de la soberanía y del poder constituyente. La nación es la base constitutiva y constituyente del poder político, del Estado y del gobierno. La ciudadanía interviene indirectamente en el Estado mediante la elección periódica de sus representantes, elegidos mediante sufragio universal, libre, secreto e informado, y directamente mediante los mecanismos e instituciones de una democracia participativa.
  • III. Un Estado como el que postulamos, supone un régimen político de separación e interdependencia de poderes y de carácter ampliamente representativo, pero que avanza gradualmente hacia formas cada vez más amplias de participación ciudadana en todas las esferas de poder. Se trata de pasar desde una democracia gobernada a una democracia gobernante, de una democracia representativa a una democracia participativa. Este Estado implica a su vez, poderes centrales que aseguran la unicidad del Estado y la cohesión y eficacia de la función pública, y garantizan la configuración de una democracia a nivel territorial y el fortalecimiento de la descentralización, mediante regiones que disponen de grados crecientes de autonomía administrativa, tributaria y presupuestaria. Al mismo tiempo se trata de un Estado fuertemente integrador de culturas, de identidades y territorios, que hace suya la multiculturalidad aportada por las distintas etnias originarias de la nación.
  • IV. El régimen político del nuevo Estado es de una república democrática y semipresidencial que incorpora elementos e instituciones del régimen parlamentario. Un poder ejecutivo fuerte se acompaña de un poder legislativo que dispone de amplias facultades fiscalizadoras y legislativas. Un poder contralor, que incluye instituciones de contraloría social o ciudadana, garantizan la transparencia de la función pública. En un régimen de pluralismo político, un sistema electoral representativo y proporcional debe garantizar el acceso de todos los actores políticos a los órganos políticos colegiados.
  • V. El proceso que avanza hacia la configuración de un nuevo Estado, supone la convocatoria a la elección de una asamblea constituyente que, a su vez, la ciudadanía elije y mandata para que formule y proponga al poder soberano y constituyente una nueva Constitución Política para el siglo XXI. El primer paso para la transformación del Estado comienza con la convocatoria a una asamblea constituyente, órgano legislador ad-hoc cuya función y mandato principal es elaborar un proyecto de nueva constitución política, el que a su vez, debe ser conocido, consultado y ratificado por la ciudadanía mediante el ejercicio del sufragio universal, libre, secreto e informado en un referendum. Una vez refrendado el nuevo texto constitucional, el poder ejecutivo deroga la actual constitución y promulga en un mismo acto el nuevo texto constitucional. En este modelo institucional y político, la ciudadanía elige a los legisladores que van a redactar la nueva constitución y ratifica en un amplio proceso de consulta popular el texto sometido a referendum.
  • VI. El nuevo Estado participa activamente en el desarrollo económico del país. Ello supone un Estado moderno dotado de atribuciones y facultades planificadoras, orientadoras, arbitrales, productivas y promotoras, que asegura un sector público eficiente, promotor y contralor, capaz de regular adecuada y eficazmente los mercados, corrigiendo las distorsiones de la economía mercantil, interviniendo sobre los monopolios y oligopolios y asegurando que todas las personas reciban los servicios y bienes que demandan. Desde esta perspectiva este es un Estado prioritariamente de y para los trabajadores, es decir, para la inmensa mayoría de chilenos y chilenas que forjan la riqueza del pais, con su trabajo, su creatividad y su esfuerzo.
  • VII. El nuevo Estado es la forma política e institucional de una nueva democracia y de una nueva ciudadanía. Una democracia política, social, económica y cultural, basada en la libre expresión del pluralismo, la diversidad y las libertades. Una democracia en que las mayorías ciudadanas constituyen el actor protagónico del ejercicio de la participación. La participación, en toda su diversidad, es la forma contemporánea de la ciudadanía. Una democracia en que las formas de ejercicio de la representación política, se complementan y se integran con el ejercicio activo y organizado de la participación ciudadana en todos los niveles de la administración y del poder. La participación, como forma de protagonismo ciudadano, atraviesa la totalidad de las instituciones políticas e incorpora a los ciudadanos organizados en los procesos de toma de decisiones.
  • VIII. Un nuevo Estado democrático y social es consustancial a un nuevo modelo de desarrollo del país que supere el sistema neoliberal. El nuevo Estado no se desentiende de su rol activo en el desarrollo nacional, regional y de las comunas. Al superarse los vicios del Estado subsidiario, forma política del neoliberalismo económico e ideológico propia del siglo pasado, el Estado sume nuevamente funciones planificadoras, empresariales y promotoras de la actividad económica. No es que el Estado deba suplir las deficiencias del mercado, ni que el mercado deba suplir las deficiencias del Estado: es que se deben delimitar las áreas económicas de actividades en que el Estado debe cumplir un rol estratégico y donde el mercado tiene un rol complementario insustituible. Esto implica un Estado promotor de la soberanía energética y del patrimonio ecológico territorial del país, defensor de la sustentabilidad ambiental y la soberanía alimentaria, actor principal de la soberanía económica y financiera en un contexto internacional caracterizado por la integración regional y subregional.
  • IX. La democracia funciona en primer lugar y el nuevo Estado prueba su eficacia, en las regiones y en las comunas. Una nueva democracia descentralizada y regionalizada apunta hacia los niveles básicos donde los ciudadanos acceden a servicios públicos de calidad y eficientes. No se trata solamente de democratizar la regionalización, sino sobre todo de regionalizar la democracia. Mas poder a las regiones y a las comunas.
  • X. La función de la administración pública, en todos sus niveles, es servir y dar respuesta adecuada a las nuevas y complejas demandas de los ciudadanos. A su vez, es responsabilidad del nuevo Estado y la nueva administración servir de apoyo a la función pública para garantizar un Estado accesible, transparente, laico y eficaz en responder a las necesidades de la ciudadanía.

 Manuel Luis Rodríguez U.

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